Los principios fundamentales de la organización del estado mexicano son la división de poderes, el sistema federal y tutela de los derechos fundamentales; el garante de ellos es el Poder Judicial de la Federación.
El Poder Judicial de la Federación tiene el mandato constitucional de resolver los conflictos que se presenten entre los diferentes órganos del poder público, así como de amparar y proteger a las personas que hubieran sufrido alguna violación a sus derechos. En ambos casos, es la pieza fundamental tanto en el equilibrio del poder como en la contención de los abusos del mismo.
Para ello, el Poder Judicial de la Federación requiere contar con la suficiente independencia para cumplir con esa alta responsabilidad sin injerencias de los otros poderes.
Por tal motivo, consideramos inadmisible la pretensión para limitar su operatividad, a través de la reducción injustificada de su presupuesto, ya que ello redundaría en graves restricciones al acceso efectivo a la justicia.
Asimismo, es inaceptable la pretensión de extinguir los fideicomisos en los que el Poder Judicial de la Federación forma parte, ya que ello acarreará, además, graves afectaciones a los derechos laborales de los servidores públicos judiciales, a la implementación de reformas constitucionales y de obligaciones asumidas en tratados internacionales, al desarrollo de la infraestructura requerida para la impartición de justicia y, en consecuencia, al derecho fundamental al acceso a una justicia pronta y expedida.
Los efectos de la implementación de esas propuestas no solo los resentirán los integrantes del Poder Judicial de la Federación, sino todas las personas que vean mermadas sus legítimas expectativas de acceder a una justicia eficaz.
El Colegio Nacional de Abogados Municipalistas manifiesta su solidaridad con los integrantes del Poder Judicial de la Federación y conmina a los integrantes de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a que, en ejercicio del papel que constitucionalmente les corresponde, tengan a bien autorizar el presupuesto que el país requiere para contar con un acceso efectivo a una justicia pronta y expedita, con pleno respeto a la autonomía financiera del Poder Judicial.
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